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[INTRODUCCIÓN]
sujetos obligados, entre muchas otras acciones– fue
fundamental para concretar la evaluación. También
damos gracias a los servidores públicos responsables
de las unidades de transparencia y de los archivos
que, amablemente y con mucho profesionalismo,
respondieron a todas las preguntas de las entrevistas
a profundidad. Gracias a estas conversaciones
fue posible conocer a detalle avances, obstáculos
y retos en la gestión de la información y de las
responsabilidades de transparencia.
El equipo de investigación también agradece al
Proyecto de Gobernanza Democrática del CIDE,
fnanciado por The William and Flora Hewlett
Foundation, así como al apoyo de la propia institución
y sus autoridades –Dr. Sergio López Ayllón (Director
General del CIDE), Dr. Guillermo Cejudo (Secretario
Académico), Dr. Juan Manuel Torres (Secretario
General) y Dr. David Arellano (Director de la División
de Administración Pública)– por el respaldo, la
asesoría y la atención prestadas en todo momento
para llevar este proyecto a buen término.
Principales hallazgos
Dimensión de normatividad
El análisis de la dimensión normativa encontró cierta
dispersión en las leyes y en los ordenamientos que
regulan la política de transparencia y de acceso a
la información pública. En general, se observa una
multiplicidad de ordenamientos que aumentan los
costos de acceso para los ciudadanos. Esta diversidad
puede aletargar los procesos de acceso y prevenir que
la publicidad de la información pública sea máxima. Por
otra parte, existe un bajo reconocimiento del mandato
de los sujetos obligados para documentar todos y cada
uno de sus actos de autoridad. Este hallazgo puede
tener alto impacto para los sistemas de transparencia;
mientras los sujetos obligados no cumplan a cabalidad
con esta obligación no se podrá garantizar el derecho
constitucional en esta materia.
Del estudio de las variables normativas también se
desprende que, en varias entidades, la obligación de
publicar la lista de documentos clasifcados como
informaciónpúblicadeofcioes inexistente.Estoesuna
limitante seria para el acceso a la información pública,
pues el ciudadano, al no conocer dicha lista, no puede
exigir el cumplimiento de su derecho. Asimismo, se
encontró un uso incremental de categorías generales
y absolutas de información reservada. Las causas de
reserva deben encontrarse previstas y explicitadas en
ley; sin embargo, no deben suponer la reserva de un
conjunto general de documentos, como lo efectúa la
reserva de toda averiguación previa. Finalmente, en
varios casos se identifcó una confusión conceptual
legislativa entre la información reservada y la
información confdencial. También se observó
debilidad regulatoria en materia de archivos en buena
parte de las entidades federativas.
Dimensión de información pública de ofcio
El estudio de la dimensión de información pública de
ofcio arrojó un promedio nacional alto: 0.85. Esto
indica que muchos sujetos obligados se han apegado
a los ordenamientos legales. En esta dimensión,
también se encontró un avance en la publicación de
información relacionada con indicadores: 22 entidades
los reportan como información pública de ofcio (IPO).
Sin embargo, es preciso señalar que los contenidos de
los indicadores varían de manera considerable. Otro
hallazgo destacable es la gran heterogeneidad de la
IPO. Mientras que, en la Métrica 2010, se identifcaron
13 variables comunes a todos los sujetos obligados, en
PROM
DF
SON
VER
COA
DGO
GRO
COL
SLP
NL
YUC
FED
CHI
OAX
MOR
CAM
NAY
AGS
JAL
MEX
ZAC
TLAX
TAB
PUE
GTO
HGO
QROO
BC
CS
TAM
MICH
SIN
QRO
BC
0.000
0.400
0.800
0.200
0.600
0.1000 0.1200
0.799
0.953
0.948
0.942
0.933
0.886
0.883
0.878
0.855
0.842
0.839
0.833
0.831
0.831
0.829
0.797
0.792
0.791
0.788
0.787
0.784
0.784
0.773
0.762
0.754
0.736
0.732
0.732
0.731
0.718
0.688
0.683
0.650
0.608
Gráfca 1: Subíndice normatividad