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[ÓRGANOS GARANTES]
Conclusiones
Este capítulo se sustenta en la propuesta de que las
capacidades institucionales de los OG derivan de la existencia
de tres garantías: autonomía, sufciencia de recursos e
infuencia en el comportamiento de los sujetos obligados.
Como se demostró en el análisis empírico, el desarrollo y la
implementación de estas garantías depende de múltiples
factores y algunos están fuera de la esfera de infuencia
de estos organismos. En consecuencia, el funcionamiento
efciente de éstos es una labor compleja que requiere de
la voluntad política de agentes externos, de liderazgo, de
recursos fnancieros, de instrumentos tecnológicos, de
estructuras administrativas, de acciones, de procedimientos
y de mecanismos institucionales.
Conviene resaltar siete aspectos de este estudio. Primero,
en este capítulo
no
se analizan los condicionantes de
la autonomía política de los OG. Esto último es una
empresa que trasciende las posibilidades del estudio. Sin
embargo, es importante destacar que el incremento de la
competencia electoral y el aumento de la pluralidad no han
sido salvaguarda de los supuestos de autonomía. Muchas
voces señalan que los cambios políticos en las entidades no
han derivado en instituciones (normas y organizaciones)
estables y/o efectivas, y agregan que la prevalencia de
actos de corrupción, de nepotismo, de opacidad y de
abuso de autoridad son evidencia de que aún falta mucho
para consolidar los mecanismos de control político. Así, en
México, existe una situación paradójica: mientras se amplía
y se reconoce
de jure
la autonomía de los OG, hay dudas
legítimas sobre si esta autonomía no está restringida
de facto
por la lógica del intercambio político.
Segundo, en este capítulo se estudian las condiciones de
los órganos garantes, pero no se presentan indicadores de
su desempeño. Es decir, se ofrece un análisis descriptivo
18. Es interesante destacar que, con excepción de
Tamaulipas, todos los OG están obligados a presentar
este informe.
que permite informar a los estudios causales. El objetivo
es presentar a la ciudadanía información sistematizada
que permita estructurar preguntas con base en evidencia
empírica: si un OG posee altas capacidades institucionales,
¿éstas corresponden a su desempeño? Si esto no es así, la
respuesta se encuentra en áreas distintas a las de recursos
institucionales. Por el contrario, si un OG refeja una debilidad
importante en cuanto a capacidades institucionales, la
pregunta a realizarse es si esta incapacidad es producto de
factores endógenos o exógenos.
Tercero, los OG del país cuentan ya con autonomía y con
garantías reconocidas en la normatividad; de hecho, a partir
de la reforma constitucional, esta garantía de autonomía
está salvaguardada en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM). No obstante, es fundamental
responder a estas garantías con mecanismos efectivos de
rendición de cuentas que trasciendan la presentación de
informes ante el Congreso del estado.
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Por ejemplo, en
todas las entidades, se establece un mandato fjo para los
comisionados. A pesar de esto, es preocupante observar
casos donde los comisionados, por renuncias anticipadas,
no concluyen el periodo para el cual fueron electos. Se
entiende la aparición de imponderables que hacen imposible
continuar en el cargo, pero se debe evitar que estas renuncias
sean producto de presiones externas. Los datos indican que
la remuneración que reciben los comisionados los obliga
a desempeñar este cargo de tiempo completo. Así, los
integrantes del pleno de los OG deben rendir cuentas de su
actuar, y un principio fundamental es hacer valer y respetar
el mandato que se les confrió.
Cuarto, los resultados del estudio indican que los
comisionados enMéxico cuentan con una amplia experiencia
en el sector público. Esto puede ser una buena noticia, pues
se trata de personas que conocen el funcionamiento de la
administración pública. Con base en ese conocimiento, estos
funcionarios pueden generar lineamientos y precedentes
que hagan más propicias y precisas a las acciones para