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[ÓRGANOS GARANTES]
consolidar un sistema efectivo de transparencia. Sin
embargo, este hallazgo puede ser una mala noticia si
esa experiencia implica el mantenimiento de vínculos
de lealtad que mermen la imparcialidad que requiere su
labor. Ser unórgano ciudadano implica ser impermeable
a los vaivenes políticos.
Quinto, los datos señalan que, con respecto al ejercicio
de 2010, existe una mejora notable en la creación
de manuales de operación y de procedimientos que
disminuyen la incertidumbreenel funcionamientode los
OG. El punto crucial está en responder al mandato –en
ocasiones legal– de conformar un servicio profesional
efectivo, pues resulta irónico institucionalizar procesos
sin garantía de estabilidad y sin la profesionalización
del personal que los debe implementar. El lastre del
patronazgo y de la rotación que tanto daña la gestión
pública en las entidades no puede reproducirse en los
OG. Los organismos de control deben ser impecables
en lo técnico, y meritocráticos en el reclutamiento. Sólo
con acciones así se justifcaría la lucha por una provisión
de recursos más amplia. También eso es rendir cuentas.
Sexto, lo anterior no exime a los gobiernos estatales
de proveer a los OG de recursos sufcientes para hacer
viable su operación. Como se mencionó en el apartado
correspondiente, no es posible atraer personal
califcado, ni adquirir instrumentos tecnológicos
de punta, ni capacitar periódicamente a los sujetos
obligados, ni realizar campañas con amplia cobertura
de difusión, entre otras acciones, si el presupuesto es
escaso. En otras palabras, la transparencia y el derecho
al acceso ciudadano a la información pública no estarán
plenamente garantizados mientras las legislaturas
no destinen los recursos sufcientes para que los OG
cumplan con sus atribuciones y enfrenten los retos que
deben superar.
Asimismo, los gobiernos estatales (poder ejecutivo
y poder legislativo) deben ofrecer una justifcación
razonada de las asignaciones presupuestarias, y
establecer compromisos concretos que permitan
fortalecer el sistema de transparencia. Áreas de
oportunidad abundan: fortalecer la gestión de
información y la administración de archivos, fortalecer
a las unidades de transparencia (o equivalentes) dentro
de la administración pública, implementar estrategias
proactivas de difusión de información, etc. Los OG
son sólo una pieza más del sistema de transparencia;
son los garantes del derecho, pero no son los únicos
responsables de que los ciudadanos mexicanos puedan
acceder a información de interés público.
Séptimo, un punto de atención de los poderes
estatales es el escaso poder de incidencia que tienen
los OG sobre los sujetos obligados. Los datos señalaron
que alrededor de 40 % de estos organismos no está
facultado para sancionar cuando existen desviaciones
a la norma. No se busca hacer de los OG instituciones
de sanción, pero es importante refexionar sobre los
mecanismos de incidencia a su alcance. Así, se evitará
que se propaguen los incentivos para no respetar las
diversas disposiciones normativas, dado el bajo o nulo
costo de infringirlas.
El país vive una importante transición en materia de
derecho a la información con la reciente reforma
constitucional que obliga al Congreso de la Unión a
presentar una Ley General de Transparencia. En esta
reforma, se especifcó, además, quiénes son los sujetos
obligados a proporcionar acceso a la información que
generan. Semandató la creación de un sistema nacional
de transparencia y se buscó establecer mínimos sobre
el alcance y la calidad de la información que debe ser
pública de ofcio. Si bien la reforma también otorgó
autonomía a los OG (que, de cualquier manera, casi
todos ya la ostentaban), lo cierto es que impondrá
desafíos insoslayables. Los poderes de gobierno de la
Federación y las entidades federativas deben estar a
la altura de este reto y proporcionar sustento para la
ampliación del universo de acción de los OG y para las
responsabilidades que recaerán sobre ellos. Del mismo
modo, estos últimos tienen la obligación inaplazable de
realizar ajustes en su organización interna que permitan
potenciar la institucionalización de sus procesos con la
profesionalización de su personal, y apuntalar la calidad
de sus decisiones al asumir el compromiso de ser
órganos imparciales ajenos a la infuencia de intereses
coyunturales. El análisis de este capítulo permite, a
cada órgano garante, identifcar las fortalezas y las
debilidades con las que cuenta y, sobre todo, los obliga
a realizar acciones concretas para solventar los puntos
más frágiles.