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[USUARIO SIMULADO]
Hasta fnales de 2014, se aprobaron 100 leyes de acceso
a la información pública en el mundo. La calidad de la
normatividad y las garantías que proporcionan al ejercicio
efectivo del derecho de acceso a la información pública
presentan un mapa heterogéneo. Sin embargo, todas
reconocen que los ciudadanos pueden solicitar a las
instituciones gubernamentales información específca
sobre asuntos particulares. Esta característica ha dado
lugar a estudios empíricos interesantes sobre el uso de la
información para propósitos concretos, como el desarrollo
local o el combate a la corrupción. También se destacan
aquellos estudios que exploran el proceso de recepción,
de atención y de respuesta a solicitudes de información. En
estos análisis, se han encontrado algunas inconsistencias en
la norma que limitan el ejercicio del derecho (Argentina), la
inexistencia de un mecanismo preestablecido que permita
la gestión de estas solicitudes (Ríos Cázares y Cejudo 2013),
o complejidades añadidas con motivo de la información
solicitada o como respuesta al perfl del solicitante (FUNDAR
2013a, 2013b, 2014; Roberts 2010).
En este aspecto particular de la política de transparencia,
México tiene un lugar destacado en términos comparados.
Desde 2002, año en que entraron en vigor las primeras
leyes de transparencia y de acceso a la información pública,
el énfasis inicial con respecto a la implementación de la
reforma fue la creación de un mecanismo claro para que
todos los mexicanos puedan acercarse a las instancias
gubernamentales y solicitar información de manera directa.
Así, algunas voces indicaron que en algunas entidades
el acceso era restringido: las instituciones requerían que
el solicitante presentara información no necesaria; o
establecían costos prohibitivos para la culminación del
proceso (pagos, por ejemplo); o no respondían en el tiempo
legal establecido –con lo que se eliminaba el principio de
oportunidad de la información–; o declaraban la inexistencia
o la reserva de información que debería encontrarse en sus
registros o ser pública. La conclusión fue clara: el derecho era
único, pero las políticas eran heterogéneas (Merino 2006).
Introducción
El resultado fue que organizaciones de la sociedad civil, la
academia y los grupos comprometidos con la transparencia
gubernamental redoblaron esfuerzos para supervisar y
exigir que el derecho de acceso a la información pública,
materializado en el derecho a solicitar información a las
instituciones gubernamentales, estuviera garantizado no
sólo con normas, sino también con procesos.
La Métrica 2010 dio cuenta del resultado de esta construcción
de instituciones y de mecanismos al corroborar que “[l]as
normase institucionesquearticulanel sistemadetransparencia
en México han construido un conjunto de procesos que
defnen cómo el ciudadano solicita y obtiene información
pública de sus gobiernos” (Cejudo y Zavala 2012). Esto, en
perspectiva comparada, no es una cosa menor. Sin embargo,
en aquel estudio también se identifcaron fallas relevantes
que plantearon suspicacias con respecto a la consolidación
de la existencia de procesos. Por ejemplo, se destacó la
heterogeneidad en diversas áreas: en las vías para el ejercicio
del derecho a través de solicitudes (pues los mecanismos de
acceso no eran los mismos o no funcionaban con las misma
efectividad), en los tiempos de respuesta y, sobre todo, en la
calidadde la respuesta endos ámbitos que convienedesatacar.
El primero corresponde a cuando la información entregada en
respuesta a una solicitud podía ser incompleta o no incluir en
la respuesta las razones por las cuales no se proporcionaba
en su totalidad. Esto es, los sujetos obligados entregaban
respuestas, pero no atendían la solicitud presentada en su
conjunto. El segundo es aúnmás grave; el análisis dejó en claro
que la existencia de procesos no garantizaba la calidad de la
información entregada. En numerosas ocasiones, se detectó
que las respuestas estaban conformadas por información
inexacta o terminantemente equívoca.
¿Qué ha ocurrido en los últimos cuatro años? La evidencia
sugiere que se ha trabajado en fortalecer algunos elementos
del procedimiento. Por ejemplo, la mayoría de las entidades
adoptó el sistema Infomex como plataforma principal para
la gestión de solicitudes de información pública. Con esto,